El equipo jurídico del Ayuntamiento de València está evaluando la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anulara parte de la moratoria que impedía la concesión de licencias para apartamentos turísticos en la ciudad. A pesar de la anulación parcial, se destaca que la sentencia «respalda» la medida, aunque exista una «discrepancia» de «alcance interpretativo» y no de fondo.
Según fuentes municipales, el objetivo de interponer el recurso sería «defender la validez íntegra de los acuerdos plenarios y consolidar el marco de regulación urbanística del turismo que esta ciudad necesita y que los vecinos demandan».
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha anulado parte de la moratoria aprobada por el Ayuntamiento, después de estimar parcialmente el recurso de una empresa de apartamentos contra el acuerdo del pleno del 28 de mayo de 2024. Este acuerdo suspendía la tramitación y otorgamiento de licencias de edificación para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros en determinados ámbitos territoriales del municipio cuyo uso global o dominante fuera el residencial, con el fin de facilitar el estudio de la reforma de la ordenación urbanística.
A pesar de la anulación parcial, se destaca que la sentencia «avala la medida y su justificación», ya que el TSJCV «confirma que la suspensión de licencias para nuevos usos hoteleros y turísticos era necesaria, proporcionada y fundada en razones de interés general: proteger el entorno urbano y el derecho a una vivienda digna ante el crecimiento descontrolado de las VUT en la ciudad».
La discrepancia técnica de alcance interpretativo se centra en si la redacción del artículo 68.1 del TRLOTUP amparaba expresamente la suspensión de licencias de cambio de uso y la eficacia de las declaraciones responsables. El Ayuntamiento sostiene que las licencias de edificación incluyen los cambios de uso, interpretación respaldada por la legislación urbanística estatal y autonómica.
En conclusión, el Ayuntamiento actuó con diligencia para proteger los barrios residenciales de València, y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo busca mantener la integridad de los acuerdos plenarios y la regulación urbanística necesaria para la ciudad.
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