En su balance del año, critica la ley de simplificación, la política de vivienda y advierte de «muchos retos que quedan por delante»
El sindicato CCOO PV pidió al Consejo que preside Carlos Mazón un «cambio de rumbo» en su agenda regulatoria, «marcada por la liberalización en cuestiones clave» como los servicios públicos, la vivienda o la emergencia climática, «como si no les hubieran enseñado . nada de la «catástrofe danesa» del 29 de octubre.
La secretaria general de la organización sindical de la Comunidad Valenciana, Ana García, hizo balance de 2024, un año en el que el Gobierno de Mazón, lamentó, «no oculta su hoja de ruta neoliberal y regresiva» con, por ejemplo, «rebajas de impuestos para las rentas más altas” y “el incumplimiento de los convenios colectivos, incluso después de separarse” de Vox.
CCOO PV cita como «ejemplos destacables» la «ley estrella» de simplificación administrativa, «que modifica diversas normas esenciales del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y posibilita la ubicación de hoteles en suelos no urbanizables de la costa a una distancia de 200 metros. «, o modificaciones de la Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica, «que han modificado los objetivos o plazos de consecución».
También critica el decreto de urgencia para «eliminar los impuestos medioambientales que deben cubrir el fondo para una transición ecológica justa». Respecto a la Ley Simplifica, censura que “limita los mecanismos de participación de la sociedad civil en la evaluación y control de las políticas públicas”.
Para CCOO PV, otro ejemplo «paradigmático» es el proyecto de ley de ordenación del litoral, «que reduce el grado de protección del territorio, con una reducción del 50 por ciento de las sanciones respecto al resto de normas urbanísticas, además de la priorización económica». actividad por encima de todo.
RESIDENCIA
Respecto a la situación de la vivienda, «otro de los principales retos que tenemos como sociedad», CCOO PV cuestionó que el Consell cambiara la normativa para introducir una desclasificación anticipada de la protección oficial, «tirando todo el esfuerzo de la sociedad valenciana a invertir en recursos públicos para mejorar el acceso a viviendas asequibles.
Ante esta situación, el secretario general del sindicato pidió que se aplique un encuadre permanente, además de la declaratoria de zonas tensionadas, para «garantizar que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado».
En este punto, García destacó el rechazo del sindicato a las cinco primeras leyes del Consell, «cuando PP y Vox todavía eran socios y compartían las motivaciones ideológicas para frenar el progreso y el progreso social» en la Comunidad Valenciana.
En particular, acusó a la llamada ley de libertad educativa, que «nació con el claro objetivo de acorralar al valenciano y enfrentar a la comunidad educativa y a los ciudadanos en el uso de la lengua», y la de concordia, cuyo objetivo es «Condenamos al olvido la memoria de las víctimas del franquismo y banalizamos el derecho a la reparación».
«Los otros cambios legislativos que contribuyeron al empobrecimiento de nuestra democracia», dijo García, quien apuntó a la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana, la Agencia Antifraude y la ley de transparencia y buen gobierno.
“DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS” SEGÚN DANA
Por otro lado, en cuanto a los daños, «dos meses después de la muerte de 224 personas y los tres desaparecidos por la desastrosa gestión» de la emergencia, CCOO PV advirtió que sigue detectando «déficits importantes» en lo que respecta a las infraestructuras en las vías dependientes de las Generalitats, la limpieza de calles y garajes, el transporte público o la atención de las personas, especialmente aquellas con problemas de salud.
Por el contrario, ha destacado que «por fin» se retomó la propuesta del sindicato de completar la prestación de las personas en ERTE por fuerza mayor, con el establecimiento de un pago único de 360 euros. Al respecto, Ana García detalló que se fijó un seguimiento para el mes de marzo para evaluar «la posibilidad de realizar un segundo pago si la situación se prolonga».
Por todo ello, Ana García ha señalado que hay «muchos retos de futuro a desarrollar en el ámbito del diálogo social, empezando por la transformación del modelo productivo que genere empleo inclusivo, sostenido y sostenible, en un momento en el que la economía valenciana está «Me voy a enojar».
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