La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha solicitado a la jueza que instruye la causa por la gestión de la dana, que la Generalitat Valenciana emita un informe sobre el número de alertas rojas decretadas en los últimos 10 años y los Cecopi convocados tras dichas alertas.
La defensa de Pradas aportó documentos que muestran que, en el momento de los hechos investigados, el sistema de aviso a la población Es-Alert aún no estaba formalmente incorporado al Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana. También se incluyeron pliegos de licitación del contrato del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) para verificar los requisitos técnicos y profesionales exigidos.
Además, se solicitó al Gobierno valenciano información sobre el número total de alertas rojas declaradas en la Comunitat Valenciana en la última década, y cuántas de ellas resultaron en la convocatoria de un Cecopi. Estos datos servirían como elemento de contraste para evaluar la excepcionalidad de la constitución del Cecopi el día 29 de octubre de 2024.
En otro aspecto del procedimiento, una de las acusaciones solicitó investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tras un informe de la Guardia Civil que señalaba la inexistencia de avisos sobre el ascenso exponencial en el Poyo. También se pidió citar como testigo a la presidenta de Aemet, María José Rallo del Olmo, debido a la gestión deficiente y negligente según el informe de la Benemérita.
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