La Ordenanza Fiscal General de València ha sido aprobada recientemente por el Pleno Municipal, junto con las ordenanzas fiscales reguladoras del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) y del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Estas normativas, que inicialmente salieron adelante en septiembre, fueron definitivamente aprobadas durante la sesión ordinaria de diciembre.
La concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, destacó que estas ordenanzas representan la mayor bajada de impuestos en la historia del Ayuntamiento, con un ahorro anual de 52,4 millones de euros. Entre las medidas más relevantes se encuentra la reducción del 20 % en el tipo de gravamen general del IBI urbano, ampliaciones en bonificaciones para familias numerosas, y descuentos en diversos impuestos y tasas municipales.
Esta iniciativa ha sido elogiada por la concejala como una estabilidad fiscal que beneficia al 99 % de la población y al sector comercial de la ciudad. En contraste, la oposición ha centrado sus críticas en las auditorías a los organismos municipales, especialmente a València Activa, señalando deficiencias graves en la contratación, falta de control y problemas de transparencia.
Además, durante la misma sesión, se aprobó el Plan Estratégico de Empleo, Formación y Emprendimiento, con el objetivo de impulsar políticas municipales para mejorar la empleabilidad y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la oposición ha mostrado desacuerdo con el documento, destacando la falta de políticas de igualdad y de diálogo social en su elaboración.
Otra decisión importante fue la aprobación del Programa de Actuación Integrada (PAI) Padre Doménech, en el barrio de Campanar, para la urbanización de un área degradada con la construcción de 133 viviendas, incluyendo 22 de protección pública. Esta actuación supondrá una inversión total de 1.208.920,74 euros y ha contado con el apoyo del equipo de gobierno y la abstención de la oposición.
En resumen, estas medidas fiscales y urbanísticas buscan generar un impacto positivo en la ciudad de València, tanto a nivel económico como social, aunque han generado controversia y debate entre los distintos grupos políticos municipales.
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