La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha rechazado la propuesta de condonación parcial de deuda autonómica aprobada por el Gobierno, calificándola de «inaceptable por el fondo y por la forma». Según Merino, esta medida no beneficia a los valencianos, ya que no permite aumentar el gasto en servicios fundamentales ni el regreso de la Generalitat a los mercados.
El anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, aprobado por el Consejo de Ministros, implicará que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, lo que equivale a una cuarta parte de la deuda regional de régimen común. En el caso de la Comunitat Valenciana, se condonarían 11.210 millones de euros, siendo la región con mayor quita por habitante, con 2.284 euros.
Merino ha denunciado que esta propuesta allana el camino para que Pedro Sánchez se afirme en la Moncloa, y ha exigido que cualquier solución al endeudamiento autonómico esté vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica. Además, ha criticado que el acuerdo político que dio lugar a esta medida se haya alcanzado únicamente con ERC, sin consenso ni respeto al marco multilateral.
La consellera ha manifestado que la condonación anunciada no generaría recursos adicionales para destinar a Sanidad, Educación o Servicios Sociales. A pesar del ahorro en intereses, no se vería reflejado en un mayor margen de gasto en otras políticas públicas debido al cálculo de la regla de gasto.
En resumen, la propuesta de condonación de deuda autonómica no satisface los intereses de la ciudadanía, impidiendo destinar más recursos a servicios esenciales. Merino ha destacado que la Comunitat Valenciana recibiría una condonación que representa solo el 19,3% de su deuda total, y lamenta que ninguna comunidad de régimen común reciba menos en proporción a su endeudamiento.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley iniciará su tramitación parlamentaria, requiriendo una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados. Este proceso deja en manos del Gobierno de Sánchez la búsqueda de apoyos para sacar adelante esta medida.
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